Nueve policías y más de 100 guardias de las cárceles de Ecuador fueron raptados como represalia por el estado de excepción ordenado el lunes por el presidente Daniel Noboa. Los grupos criminales se han apoderado del país con la quema de vehículos, colocación de bombas en las patrullas y el lanzamiento de otros artefactos explosivos en las vías.
Un grupo de delincuentes armados y encapuchados también ingresó este martes al canal de televisión TC de Guayaquil y tuvo como rehenes a la producción. La transmisión no fue interrumpida y se escucharon gritos y disparos.
Esa misma situación se reportó en la Universidad de Guayaquil, donde cientos de estudiantes corrieron para resguardar sus vidas.
Los grupos criminales amenazaron que si la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no se retiran de las prisiones, comenzarán a matar a los agentes. «Todo depende de usted (presidente), toda esta masacre la tiene en sus manos. No queremos continuar, pero si usted se opone a todas las peticiones de nuestra organización, vamos a comenzar a darle guerra, porque no le tenemos miedo. Señor presidente, no se ponga a jugar con la vida de personas inocentes», aseguró un hombre armado y cubierto de la cara a través de un video mientras apuntaba a uno de los guardias.
La Policía ecuatoriana informó sobre el secuestro de tres oficiales de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Wilson Franco Machala, en provincia de El Oro. Otro agente fue privado de libertad por tres hombres a borde de un vehículo polarizado y sin placas, en la sede en Llano 1, en Quito; y otros tres en la vía El Empalme, en la provincia Los Ríos.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, solicitó al Gobierno militarizar el metro de la ciudad «para mantener la seguridad de la capital», así como el sistema de transporte, fuentes de agua potable, estaciones de despacho de energía eléctrica y sedes de las funciones del Estado.
«El país y nuestra ciudad atraviesan una crisis de seguridad sin precedentes, exijo toda la protección del Estado, del Gobierno y sus fuerzas de seguridad para precautelar el derecho a la vida», expuso Muñoz.
«No debemos bajar los brazos respecto a una situación complicada, las autoridades locales estamos atentas y haremos los pedidos al Gobierno Nacional para salvaguardar la integridad de la población y los bienes de este territorio», aseguró.
