El proceso penal contra Jorge Alberto Gaitán Castro continuará desarrollándose de forma pública, luego de que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador rechazara una solicitud de la defensa para imponer reserva total al expediente.
La petición fue presentada por el nuevo equipo legal del imputado, quien es señalado de administrar de manera fraudulenta fondos de las sociedades Maintenance & Services y Tierras Nacionales. La medida solicitada habría limitado el acceso de la prensa y de la ciudadanía a la información relacionada con el caso.
Según la resolución judicial, los argumentos planteados por la defensa no fueron suficientes para justificar el cierre del proceso. Los abogados alegaron haber sido objeto de presiones e intimidaciones a través de mensajes de WhatsApp enviados por personas que, según ellos, se presentaban como periodistas extranjeros. No obstante, el tribunal consideró que esos señalamientos respondían a apreciaciones personales y no a hechos debidamente comprobados.
La jueza sostuvo que la publicidad de los procesos judiciales es una garantía democrática, ya que permite el control ciudadano sobre la forma en que se administra justicia. Además, señaló que en este caso no se acreditaron riesgos a la seguridad ni afectaciones a la intimidad que hicieran necesaria una reserva total.
El caso Gaitán forma parte de un escenario empresarial más amplio, vinculado a una disputa internacional entre Terra Towers y TPG Pepertree por el control de Continental Towers. En ese contexto, también se reportan procesos paralelos y órdenes de captura relacionadas con ejecutivos vinculados a esta trama corporativa.
El expediente ha tenido además varios movimientos que han incidido en el ritmo del proceso. Uno de ellos fue el cambio de siete defensores por un nuevo grupo de abogados, decisión que obligó a suspender diligencias previstas para abril, bajo el argumento de que la nueva defensa necesitaba tiempo para estudiar el caso.
A esto se suma una investigación sobre posibles vínculos entre una funcionaria judicial salvadoreña y el principal imputado. De acuerdo con la información contenida en el documento base, el esposo de dicha funcionaria habría visitado a Gaitán Castro en una prisión de Guatemala, hecho que ha generado sospechas sobre posibles actuaciones irregulares alrededor del proceso.
Tras la decisión del juzgado, el calendario judicial se mantiene activo. Para el 7 de mayo está prevista una audiencia en la que se revisarán las medidas impuestas a los acusados, entre ellos Juan Ignacio Berger, Marisabel Umaña y Carol de Reyes. Posteriormente, los días 8 y 9 de junio, serán juramentados los peritos encargados de examinar las cuentas de las empresas afectadas.
Con esta resolución, el tribunal deja establecido que el proceso seguirá abierto al escrutinio público y que las partes deberán continuar sus actuaciones bajo los principios de transparencia y legalidad.
