Desde el inicio de la guerra en Ucrania, más de una decena de superyates vinculados a oligarcas rusos han sido retenidos en todo el mundo. Uno de ellos es el Phi, valorado en US$50 millones, incautado en Londres tras su primer viaje. Su propietario, el ruso Serguéi Naumenko, no está sancionado, pero ha enfrentado batallas legales para recuperar la embarcación. El caso ha llegado a la Corte Suprema del Reino Unido.
Mientras tanto, el mantenimiento de estos superyates representa una carga millonaria para los gobiernos. En países como Italia y Estados Unidos, se han gastado más de US$30 millones en conservar embarcaciones de lujo cuyos dueños sí están sancionados y no pueden cubrir los costos por restricciones legales. Solo uno de estos yates —el Alfa Nero— ha sido vendido, aunque su adquisición también desató litigios.
Expertos critican que las confiscaciones, aunque simbólicas, han sido poco efectivas en términos estratégicos y han desviado la atención de acciones más directas contra el financiamiento militar ruso. Además, las disputas legales sobre la propiedad dificultan las ventas y prolongan la incertidumbre sobre el destino de estas embarcaciones.
