El Ministerio de Hacienda aseguró que la nueva propuesta de Ley de Asocio Público Privado busca modernizar y agilizar los procesos para desarrollar proyectos entre el Estado y empresas privadas, sin dejar de lado la supervisión fiscal ni el análisis técnico de cada iniciativa.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, expuso los alcances de la propuesta ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa. Según explicó, el objetivo es reducir trámites y acortar tiempos en la adjudicación de proyectos bajo el modelo de alianzas público privadas, manteniendo controles sobre la rentabilidad social, la eficiencia económica y la distribución de riesgos.
Posada señaló que ya existe una normativa sobre APP, pero consideró que el procedimiento actual es demasiado burocrático. Por ello, afirmó que la nueva ley pretende hacer más expedita la estructuración de estos proyectos, sin sacrificar la calidad del análisis ni el control de los compromisos fiscales que pueda asumir el Estado.
Hacienda rechaza que las APP sean privatización
Durante su intervención, el funcionario también respondió a críticas sobre este tipo de contratos. Sostuvo que las alianzas público privadas no implican privatizar servicios o infraestructura, ya que el Estado mantiene un papel activo en la supervisión y cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos.
La propuesta define las APP como contratos de largo plazo entre una entidad estatal y un agente privado para proveer infraestructura o servicios públicos. Estos acuerdos pueden incluir mecanismos de pago vinculados a la disponibilidad y calidad de las obras o servicios.
Dos modalidades de proyectos
La iniciativa clasifica los proyectos en dos categorías. La primera corresponde a los autosostenibles, en los que el privado recupera su inversión mediante tarifas cobradas directamente a los usuarios, sin requerir recursos o garantías del Estado.
La segunda modalidad son los proyectos cofinanciados, en los que el privado puede recibir pagos, garantías o recursos estatales durante parte o toda la vigencia del contrato. Esta figura implicaría una evaluación fiscal más detallada por parte de Hacienda.
Creación de una dirección especializada
Uno de los principales cambios planteados es la creación de la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas, una unidad adscrita al Ministerio de Hacienda que tendría autonomía técnica para revisar, estructurar y aprobar proyectos desde el punto de vista financiero y técnico.
Esta dirección también llevaría el registro de contrataciones APP, identificaría sectores prioritarios, revisaría estudios de factibilidad y solicitaría los dictámenes fiscales correspondientes antes de emitir resoluciones de aprobación o rechazo.
Según Hacienda, los contratos bajo esta modalidad deberán ser aprobados por la Asamblea Legislativa. Entre los beneficios señalados por Posada están una mayor eficiencia en la gestión, aprovechamiento de la experiencia privada, innovación tecnológica, transparencia en la asignación de riesgos y responsabilidad fiscal.
La comisión legislativa continuará el análisis de la propuesta en próximas sesiones. Para la siguiente reunión, los diputados acordaron convocar al director del Centro Nacional de Registros, Camilo Trigueros, como parte del estudio del proyecto de ley.
