El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador rechazó la solicitud de reserva total presentada por la defensa de Jorge Alberto Gaitán Castro, Juan Ignacio Berger, Marisabel Umaña y Carol de Reyes, imputados en un proceso por presunta administración fraudulenta relacionado con empresas del sector telecomunicaciones.
La defensa buscaba que el caso se manejara sin acceso público, argumentando que sus abogados habían recibido mensajes de supuestos periodistas extranjeros que, según su versión, pretendían intimidarlos o acosarlos. El tribunal, sin embargo, no encontró elementos objetivos que respaldaran esa afirmación.
En su resolución, la jueza concluyó que los planteamientos de la defensa estaban basados en valoraciones subjetivas y no en pruebas concretas. También recordó que la regla general en un sistema democrático es que los procesos judiciales sean públicos, especialmente cuando se trata de casos de interés ciudadano.
El juzgado determinó que no existían motivos relacionados con seguridad nacional, intimidad de las partes u otra causa legal que justificara impedir el acceso al expediente. Con ello, el caso continuará bajo observación pública.
Un proceso marcado por controversias
El expediente ha estado rodeado de situaciones que han elevado la atención sobre el caso. Una de ellas es la visita realizada en Guatemala por un abogado salvadoreño, esposo de una jueza, al principal imputado, Jorge Alberto Gaitán Castro, quien se encontraba recluido en una prisión de ese país.
Ese encuentro ha despertado dudas sobre posibles gestiones irregulares o intentos de influencia dentro del proceso judicial salvadoreño, especialmente por el perfil de las personas vinculadas al episodio.
Retrasos y cambios de estrategia legal
Otro punto que ha generado cuestionamientos fue el cambio inesperado del equipo defensor de los imputados. La sustitución de abogados permitió aplazar diligencias que estaban programadas para abril, debido a que la nueva representación pidió tiempo para conocer el expediente.
Como consecuencia, la audiencia para revisar las medidas contra los acusados fue trasladada para la primera semana de mayo, mientras que las actuaciones relacionadas con peritajes quedaron previstas para junio.
Disputa empresarial con ramificaciones internacionales
El caso también se relaciona con una disputa corporativa más amplia entre Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers. Según el documento base, existen procesos vinculados tanto en El Salvador como en Guatemala, además de órdenes de captura contra ejecutivos relacionados con esta red empresarial.
La negativa del juzgado a imponer reserva total representa un golpe para la estrategia de la defensa y mantiene vigente el principio de publicidad del proceso. El caso continuará avanzando bajo la mirada de la prensa y de la ciudadanía, en medio de señalamientos por presunto desfalco, maniobras legales y posibles influencias externas.
