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Noelia Castillo, una joven de 25 años que quedó parapléjica, falleció este jueves 26 de marzo luego de someterse a un procedimiento de eutanasia en una residencia sociosanitaria ubicada en Sant Pere de Ribes, en Cataluña, a unos 40 kilómetros de Barcelona.
Su historia se convirtió en uno de los casos más mediáticos en España, no solo por tratarse de la paciente más joven en acceder a la muerte asistida, sino también por el prolongado proceso judicial que retrasó la intervención durante casi dos años.
Inicialmente, la eutanasia estaba programada para el 2 de agosto de 2024. Sin embargo, fue suspendida a último momento por orden judicial tras un recurso interpuesto por su padre, quien se oponía al procedimiento.
A partir de ese momento, el caso avanzó en distintas instancias legales, impulsado en parte por la organización Abogados Cristianos, que buscó frenar la aplicación de la ley incluso ante tribunales internacionales. La disputa llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente no respaldó la demanda, permitiendo que el proceso continuara en España.
Tras superar todos los obstáculos judiciales, el procedimiento fue reprogramado y finalmente se llevó a cabo este jueves. Según reportes de medios locales, Castillo murió en la habitación de la residencia donde vivía, después de despedirse de su madre y decidir enfrentar el proceso en solitario.
El contexto de su decisión
La decisión de solicitar la eutanasia se remonta a octubre de 2022, cuando Noelia sufrió una agresión sexual múltiple. Posteriormente, intentó quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso. Aunque sobrevivió, la caída le provocó una parálisis permanente.
Desde entonces, según su propio testimonio, su vida cambió de forma irreversible, lo que la llevó a iniciar el proceso para acceder a la muerte asistida.
En julio de 2024, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó su solicitud, al considerar que padecía una condición irreversible, con un alto grado de dependencia y un sufrimiento físico y psicológico constante, en línea con lo establecido por la ley de eutanasia vigente en España desde 2021.
El caso reavivó el debate sobre los alcances de esta normativa, especialmente en torno a quién puede cuestionar una decisión personal de este tipo. Aunque parte de su familia se oponía, fue su padre quien lideró las acciones legales para impedir el procedimiento, argumentando que no estaba en condiciones de decidir.
No obstante, tras el análisis judicial, los tribunales concluyeron que Castillo contaba con plena capacidad para tomar esta decisión y que su voluntad era firme. Con este fallo, se habilitó finalmente la realización del procedimiento.
