El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra más de una docena de personas y empresas señaladas de colaborar con una red financiera vinculada al cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más perseguidas por las autoridades estadounidenses.
Según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, conocida como OFAC, los sancionados habrían participado en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo. Entre los principales señalados figuran Armando Ojeda Avilés, identificado por las autoridades como una pieza clave en el manejo de fondos ilícitos, y Jesús “Chuy” González Peñuela, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones desde enero de 2024.
La lista también incluye a Jesús Alonso Aispuro, señalado como presunto jefe financiero de la estructura, y a Rodrigo Alarcón Palomares, a quien se atribuye la coordinación de una red encargada de recolectar dinero en territorio estadounidense.
Las medidas alcanzan además a familiares de los presuntos capos, quienes, de acuerdo con el Tesoro estadounidense, estarían vinculados con negocios utilizados por la red. Entre las empresas mencionadas se encuentran Grupo Especial Mamba Negra, dedicada a servicios de seguridad, y el restaurante Gorditas Chiwas, ambos ubicados en Chihuahua, México.
El cártel de Sinaloa fue declarado organización narcoterrorista por orden del presidente Donald Trump el año pasado, lo que intensificó la presión de Washington contra sus estructuras financieras y operativas. Desde entonces, la organización se mantiene como uno de los principales objetivos de la justicia estadounidense.
El anuncio ocurre en un contexto de mayor tensión entre Estados Unidos y México. Hace dos semanas, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras nueve personas de su entorno de colaborar con el cártel, lo que generó fricciones con el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Tras esas acusaciones, Rocha Moya dejó el cargo, mientras que dos de sus colaboradores, el secretario de Finanzas y el de Seguridad, se entregaron a las autoridades estadounidenses.
Con estas sanciones, Washington busca golpear la capacidad económica del cártel de Sinaloa y cerrar espacios a las redes que, según sus investigaciones, permiten mover y ocultar dinero procedente de actividades ilícitas.
