Compañías y ejecutivos peruanos apelaron ante la justicia de Estados Unidos para cuestionar una orden de desacato emitida por un tribunal de Nueva York. El caso forma parte de una disputa corporativa de alcance regional que también involucra procesos en Guatemala y El Salvador.
Un nuevo capítulo se abrió en América Latina dentro del conflicto internacional entre Terra Towers y la firma estadounidense TPG Peppertree por el control de Continental Towers, empresa de telecomunicaciones con operaciones en Guatemala, El Salvador, Perú y otros países de la región.
Esta vez, empresas y ejecutivos peruanos presentaron un recurso ante la justicia de Estados Unidos en el que cuestionan decisiones adoptadas por un juez de Nueva York, al considerar que estas pretenden imponerse sobre resoluciones emitidas por autoridades peruanas bajo su propia legislación.
La controversia ya tiene repercusiones en varios países. En Guatemala, un juez rechazó la validez de órdenes vinculadas al proceso en Estados Unidos dentro de su jurisdicción. En El Salvador, el caso también derivó en actuaciones judiciales, detenciones y en la emisión de órdenes de captura internacional contra tres ejecutivos estadounidenses vinculados a TPG Peppertree.
Con la apelación presentada por las empresas peruanas, Perú se suma ahora al mapa de jurisdicciones involucradas en una disputa que ha escalado en distintos tribunales de la región.
Quiénes presentaron la apelación
El recurso fue interpuesto por Telecom Business Solution S.R.L. (TBS Perú), Continental Towers Perú S.R.L., Collocation Technologies Perú S.R.L. y varios ejecutivos peruanos, quienes fueron incluidos en una orden de desacato emitida en abril de 2025 por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Según los apelantes, ese tribunal no tiene jurisdicción sobre ellos, ya que no forman parte del acuerdo de accionistas que establece a Nueva York como sede arbitral y, además, no cuentan con presencia ni operaciones en Estados Unidos.
La defensa basada en sus operaciones en Perú
Como parte de su defensa, las empresas detallaron su actividad en territorio peruano. De acuerdo con el expediente, TBS Perú opera más de 452 torres de telecomunicaciones y mantiene contratos con operadores como Telefónica, Entel, Claro y Bitel.
Los ejecutivos sostienen que sus decisiones respondieron al cumplimiento de obligaciones legales bajo la normativa peruana, incluyendo arbitrajes iniciados en Perú en 2022 y acciones judiciales en Islas Vírgenes Británicas en 2024.
En ese contexto, señalaron que las medidas adoptadas estuvieron relacionadas con decisiones atribuidas a Peppertree, entre ellas el rechazo de más de 1,400 solicitudes de desarrollo de infraestructura, la cancelación de una línea de crédito por 15 millones de dólares y la falta de renovación de contratos operativos.
Cuestionan orden de desacato
La apelación también pone en tela de juicio la orden de desacato emitida en abril de 2025. Los recurrentes afirman que no fueron notificados formalmente antes de la resolución, que no tuvieron oportunidad de ejercer su defensa y que fueron incorporados al proceso como terceros ajenos al litigio principal.
De acuerdo con el expediente, estas partes no fueron escuchadas en la etapa inicial que dio origen a la sanción, un aspecto que ahora forma parte central del reclamo ante el Tribunal del Segundo Circuito.
Un conflicto de alcance regional
La disputa entre Terra Towers y los fondos vinculados a Peppertree por el control de Continental Towers ya desbordó el marco de un solo país. Además de Perú, Guatemala y El Salvador, el caso refleja cómo distintos tribunales de la región están siendo llamados a pronunciarse sobre los límites de la jurisdicción extranjera en litigios corporativos con impacto multinacional.
En ese escenario, la apelación presentada por las empresas peruanas añade presión sobre la justicia estadounidense, al plantear si un tribunal de Nueva York puede extender sus decisiones a actores extranjeros que alegan estar sometidos exclusivamente a las leyes de sus propios países.
Qué piden al tribunal
En su recurso, los apelantes solicitaron al Tribunal del Segundo Circuito que revoque las órdenes emitidas en 2025, declare la falta de jurisdicción del tribunal de Nueva York o, de manera alternativa, disponga un análisis adicional antes de mantener las sanciones.
La decisión que adopte la corte podría marcar un precedente sobre el alcance de las medidas judiciales estadounidenses en disputas empresariales internacionales con presencia en América Latina.
